El devastador informe sobre derechos humanos que emitió la ONU sobre Chile

La ONU recomienda al Estado de Chile, entre otras cosas, poner fin inmediato al uso indiscriminado de escopetas antidisturbios para controlar las manifestaciones. y asegurar el derecho de las personas para manifestarse, reunirse pacíficamente y a la libre expresión, sin que existan restricciones ni riesgos innecesarios y desproporcionados para su integridad física y otros derechos humanos.

“De la información recopilada por la ACNUDH, hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”, se sostiene en el documento.

Además se señala que “estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias”.

También se afirma que “ciertas violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas”.

El director del INDH coincidió con las conclusiones de la ONU, en el sentido de que es urgente y necesaria una profunda reestructuración de las policías.

El documento fue formulado luego de una investigación realizada desde el 30 de octubre al 22 de noviembre de 2019 en siete regiones del país y sobre la base de entrevistas con autoridades gubernamentales, sociedades civiles y 235 víctimas.

Respecto del contexto en el que se han dado las manifestaciones en Chile desde mediados de octubre, el informe señala que éstas ” tienen sus raíces en una multiplicidad de causas, incluyendo la desigualdad social y económica. Desde mediados de octubre, la mayoría de quienes han ejercido el derecho a la asamblea pacífica lo han hecho de manera pacífica. Sin embargo, han habido numerosos ataques contra miembros de las fuerzas de seguridad y sus instalaciones. Dentro y fuera de las manifestaciones también hubo saqueos y destrucción significativa de bienes públicos y privados”.

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, destacó el informe de la Misión a Chile del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que reveló graves y reiteradas violaciones a los DD.HH., cometidas principalmente por Carabineros.

Sobre esto, Micco dijo que el INDH “coincide plenamente con el informe” porque en Chile “se han violado gravemente los derechos humanos”.

El director del INDH coincidió con las conclusiones de la ONU, en el sentido de que es urgente y necesaria una profunda reestructuración de las policías.

Uno de los puntos en que la ONU hace recomendaciones es en el del proceso para redactar una nueva Constitución. Según la organización internacional es necesario que éste sea “inclusivo, participativo y transparente, incluso garantizando la paridad de género (50% mujeres, 50% hombres) durante el proceso y la participación de los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. Los derechos humanos deben estar en el centro de este debate nacional”.

En cuanto a las protestas en sí mismas, la ONU hace referencia a la necesidad de en Chile se adopten medidas “para asegurar que el derecho penal no se utilice de ninguna manera para restringir a quienes ejercen sus derechos a reunirse pacífica y libremente. Las autoridades deben abstenerse de dichos que puedan, de alguna forma, criminalizar la protesta”, lo que hace directa relación al proyecto de ley antisaqueos que actualmente está en la Cámara del Senado y del que ya se anunció una completa reformulación por los graves errores de técnica legislativa que presenta.

En ese mismo sentido, el informe sugiere que se tome en cuenta los reportes de otras organizaciones que resguardan los derechos humanos en orden a establecer “un mecanismo de múltiples partes interesadas, que incluya a la sociedad civil y a la academia, junto con representantes del gobierno y del sector privado, para identificar las causas estructurales de las protestas, en particular relacionadas con los derechos económicos y sociales y la discriminación, y recomendar acciones para abordarlos”.

A la vez, el texto emanado de la ACNUDH  insta al Estado a asegurar la estabilidad financiera de los órganos internos de protección de los derechos humanos de los ciudadanos, y en particular, de los niños y niñas, de modo que puedan “cumplir su mandato de manera efectiva en todas las regiones del país, especialmente a la luz de la mayor carga de trabajo“.

Finalmente, el informe ONU hace un llamado al Gobierno a ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a establecer un mecanismo de seguimiento, con la Oficina Regional de la ACNUDH para América del Sur e “incluir la participación de la sociedad civil, para evaluar, dentro de tres meses, la implementación de las recomendaciones anteriores, así como las de otros mecanismos internacionales de derechos humanos”. El pacto referido señala, en términos simples, que los ciudadanos de los Estados miembro pueden demandar ante presuntas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales  por igual, poniendo fin así a la separación entre los derechos civiles y políticos.

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