Fiscalía dirigida por el fiscal de las “clases de ética” al grupo Penta envió a terapias de control de impulsos a un violador miembro de la poderosa familia Said y a otro lo dejó impune

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La Fiscalía comandada por el fiscal Manuel Guerra quien excluyó al Consejo de Defensa del Estado en el caso Penta cuando reformalizó la causa, dejando fuera hechos de la acusación original que permitían sostener el cohecho, solicitó suspensión condicional del procedimiento a favor de Juan Cristóbal Said, acusado por delito de violación y lo envío a un tratamiento para “controlar sus impulsos”. Su primo hermano del cual vamos a resguardar el nombre para proteger la identidad de la menor abusada salió impune.

El fiscal encargado de la causa penal, al igual que en la investigación paralela por violación dirigida contra el primo hermano del querellado fue Felipe Cembrano, fiscal de Delitos Sexuales de la Fiscalía de Las Condes, los abogados defensores del imputado fueron también los mismos abogados que defendieron a Said Amunátegui: Hugo Rivera y Sergio Bunger. 

El Mostrador indica que la investigación penal estuvo paralizada por más de dos largos años. Solo se activó por la presión aplicada por la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, a través de un oficio, de fecha 30 de junio de 2020, dirigido al Fiscal Regional Oriente, Manuel Guerra, en el cual le “recomienda”: “… Requerir con la máxima urgencia, al fiscal Sr. Cembrano, todos los antecedentes sobre el estado, avance y diligencias realizadas en la investigación indicada, determinando con ello si se ha dado cumplimiento con la normativa legal, Instrucción General y normativa internacional citadas (sobre Protección de la Niñez), disponiendo lo que en derecho corresponda (…), disponiendo además la efectiva protección de la niña, a través del mecanismo que resulte adecuado para no profundizar el daño que la revictimización ha generado en ella (…), resguardando de manera efectiva su integridad física y psíquica”.

Sin embargo, una vez vencido el plazo de la investigación y después de haber activado la causa a raíz del oficio de la defensora de niñez, por razones no esclarecidas y difíciles de entender, la causa dio un abrupto e inesperado giro, ya que ente persecutor comunicó formalmente su decisión de no perseverar en la causa, atendiendo a que–según expresó escuetamente en su escrito– “durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación, (por lo que) esta Fiscalía (…) ha decidido no perseverar en este procedimiento”. 

Durante la tramitación de esta malograda investigación, la Fiscalía ni siquiera tomó las medidas para asegurar que el joven querellado se sometiera a tratamientos psicológicos que lo ayudaran en el futuro a controlar sus impulsos –lo que sí ocurrió, al menos, en el caso de su primo hermano, Juan Cristóbal Said Amunátegui–.

La actuación del Fiscal Guerra, tanto en el caso Penta así como en estos dos casos de violación que involucran a dos miembros de unas de las familias mas poderosas del país es incomprensible y sienta un peligroso precedente.

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